La fiscal general de EEUU ordena a sus abogados «no defender» el decreto anti inmigración de Trump

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Sally Yates, fiscal general interina de EEUU.

Sally Yates, nombrada por Barack Obama como número dos del Departamento de Justicia, ejerce como fiscal general de Estados Unidos, toda vez que aún no ha sido sustituida por Jeff Sessions, el elegido por Donald Trump para su nuevo Gobierno. Y mientras sea Yates la que deba interpretar las leyes del país, seguirá sus convicciones, al punto de que ha dado la orden a todos los abogados de Justicia que «no defiendan» el decreto anti inmigración firmado por el nuevo presidente.

La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia aprobó la orden de Trump la semana pasada, pero Yates –que asumió el cargo de manera interina a petición del propio Trump en tanto que el miembro de la cámara de representantes por Alabama no sea confirmado por el Senado en su puesto– ha aclarado públicamente que no es responsabilidad de su oficina «decir si una orden ejecutiva es adecuada o justa».

Sin embargo, la fiscal general sí que interpreta las leyes en vigor y apunta que su «responsabilidad es asegurar que la posición del Departamento de Justicia no sólo sea legalmente defendible», sino que esté informada por la mejor visión de los responsables de la Administración «de lo que es la ley después de considerar todos los hechos». Todo esto forma parte de un documento enviado por la propia Yates a todos los abogados del Departamento.

«En la actualidad, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consistente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea lícita», añade el texto.

Esta nota ha visto la luz sólo unas horas después de que Obama rompiera su silencio como ex presidente en una declaración compartida por su portavoz, Kevin Lewis, en Twitter en la que respaldaba a los manifestantes que protestaron este sábado en contra de la orden ejecutiva.

Obama “tiene una divergencia fundamental con la idea de discriminación contra personas a raíz de su fe o su religión”, decía el comunicado.

El documento enviado por Yates a los abogados del Gobierno representa la más grave rebelión del Departamento de Justicia desde la llamada Masacre del sábado por la noche, de octubre de 1973, cuando el fiscal general Elliot Richardson y el vicerrector William Ruckelshaus dimitieron en lugar de obedecer la orden del presidente Richard Nixon de disparar a Archibald Cox, el fiscal especial del caso Watergate.

 

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